TRABAJOS NO REMUNERADOS

 

Dar una definición del concepto de pobreza resulta sumamente problemático. Como asegura Cáritas, ni la opinión pública, ni siquiera la gente experta en estratificación social, es unánime en la aplicación del concepto de pobreza a una realidad determinada. Normalmente, la pobreza suele ser vista en términos monetaristas, es decir, atendiendo a los ingresos de la unidad a considerar –debate que, posteriormente, comentaremos- y, por tanto, sus posibilidades de consumo en el mercado. Sin embargo, la pobreza, como desde el feminismo se ha defendido, es un fenómeno multidimensional, que trasciende esa visión simplista y estática. Así, la pobreza puede ser entendida como falta de recursos diversos:
Económicos: como tal entendemos el acceso a bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. Dicha satisfacción puede provenir de su compra en el mercado; de la provisión estatal; o bien de su provisión mediante trabajo no remunerado –doméstico y de cuidados; de subsistencia; comunitario. Al hablar de pobreza económica, debe atenderse no sólo al acceso a los recursos, sino también a la capacidad de administrarlos y al consumo que, de ellos, se realiza.
Otros: recursos culturales, autoestima, disponibilidad de tiempo, de espacio, de ocio, de libertad, de derechos políticos... Si pobreza es no poder cubrir necesidades y dado que éstas no son sólo materiales sino que también son cruciales las inmateriales y afectivas, la pobreza implica la falta de una serie amplia de recursos. A este respecto, una afirmación crucial para comenzar este texto es la de que el denominado Cuarto Mundo –pobreza existente en los países del centro- se encuentra mucho más desestructurado que el llamado Tercer Mundo. Así, puede decirse que su pobreza cultural es mayor, a pesar de que, en términos de consumo, la pobreza sea menor –por ejemplo, menores problemas de acceso a los recursos de subsistencia.
En este texto, nos centraremos en la primera dimensión. Se tratará, por tanto, de una visión parcial de lo que el fenómeno de la pobreza supone. En todo momento, ha de atenderse al hecho de que la pobreza es un fenómeno global que no puede ser superado actuando en una sola de sus partes y que el conjunto de todas ellas no es una simple adición, sino que se encuentran interrelacionadas de forma dialéctica.
La pobreza puede entenderse en términos absolutos o relativos. La pobreza absoluta se refiere a la incapacidad de las personas de satisfacer las necesidades de supervivencia básicas. La pobreza relativa se relaciona con la incapacidad de llevar un nivel de vida conforme al de la sociedad en la que se vive, es decir, de cubrir las necesidades que, sin estar relacionadas con la supervivencia, se establecen como normales/básicas en una sociedad dada. En ambos casos, además de poder hablar de las citadas configuraciones multidimensional y relacional de la pobreza, hay que atender a su dimensión subjetiva. La definición de lo que se entiende por necesidades y necesidades básicas contiene un elemento subjetivo –lo que la persona percibe como tal- inevitable.

Hemos mencionado que la dimensión económica de la pobreza alude al acceso, administración y consumo de los recursos económicos –los bienes y servicios mediante los cuales se obtiene bienestar. Como puede verse en el gráfico 1, el acceso puede proceder de tres ámbitos: el mercado, el estado (todos los servicios públicos, a nivel estatal, supraestatal o subestatal) y el propio hogar (y otros trabajos comunitarios). Hemos mencionado ya la diferencia entre pobreza económica y otros aspectos/tipos de pobreza, pero tampoco la comprensión de lo que es la pobreza económica es unánime. Es muy frecuente entender por pobreza económica la falta de ingresos monetarios. Sin embargo, esta perspectiva es muy limitada, porque no implica una idea real del acceso a bienes y servicios. Este acceso puede provenir del trabajo no remunerado de los hogares o de todo otro tipo de organización comunitaria; de las prestaciones públicas en especie; o de su compra en el mercado habiendo obtenido antes unos ingresos monetarios. Estos ingresos pueden obtenerse vía trabajo remunerado en el mercado o vía prestaciones públicas monetarias. En las sociedades occidentales actuales todo otro tipo de unidades de convivencia distintas a las familias o de organización comunitaria del trabajo son muy limitadas. Por todo ello y al margen de los hogares y de ciertas prestaciones públicas en especie, la vía fundamental de acceso a los recursos es su compra en el mercado, para lo que es necesario obtener ingresos monetarios mediante el trabajo remunerado y, de forma subsidiaria y normalmente insuficiente, por el estado. Es por ello que la pobreza de ingresos resulta una variable crucial de la pobreza económica. Pero ha de evitarse la identificación de ambas, porque oculta todo el resto del funcionamiento social que subyace y que hace que su vínculo sea tan estrecho.
El acceso a los recursos en los tres ámbitos fundamentales –hogares, mercado, estado- es diferente para mujeres y hombres. Existe una acceso diferenciado por género. Así, las mujeres tienen un menor acceso a los recursos comprados en el mercado debido a sus menores ingresos provenientes del trabajo remunerado o de prestaciones públicas. Respecto al empleo, hay que mencionar diversas causas: segregación horizontal y vertical en el mercado de trabajo, menores tasas de actividad, mayor desempleo, mayor presencia en la economía sumergida, menores salarios, trayectorias laborales discontinuas... Asimismo, el acceso a los ingresos del estado presenta un sesgo de género, recibiendo las mujeres prestaciones menores en cuantía y calidad. Esto se debe a la concepción misma de la responsabilidad pública en el bienestar de la sociedad, que requiere previas cotizaciones provenientes del trabajo asalariado y, en consecuencia, a la ya comentada situación de desventaja en el trabajo remunerado. Por último, en lo que se refiere a los recursos producidos en el hogar, hay que señalar que las mujeres son las principales proveedoras, no así las principales beneficiarias.
Muchos estudios abandonan el análisis en este nivel, el del acceso a recursos económicos por parte del conjunto del hogar. Esta atención única a la entrada de recursos se debe a la concepción que se tiene de los hogares como de unidades de cooperación, donde los recursos son equitativamente distribuidos. Las voces feministas se han alzado contra esta idea, remarcando que los hogares son lugares de cooperación, pero también escenario de conflicto y de relaciones de poder, fundamentalmente de género (también de edad). Esto es otro elemento de riesgo de pobreza para las mujeres. Por tanto, es necesario introducir los otros dos niveles mencionados. Una vez que el hogar, unidad de decisión económica fundamental, accede a recursos económicos de diversos tipos, ¿cómo se administran y consumen? La administración y consumo de recursos tienen una desigual distribución intrafamiliar por géneros. Las mujeres pueden no administrar los recursos económicos –aunque ellas mismas sean provisoras- o bien, administrándolos, hacer un consumo no proporcionado de los mismos. En todos estos casos, pueden vivir situaciones de pobreza aunque los ingresos del hogar, equitativamente distribuidos, fueran suficientes para cubrir las necesidades de todas/os las/os miembros. A pesar de la dificultad analítica de llegar a tal profundidad de conocimiento, es imprescindible, a nivel conceptual, atender a este fenómeno de pobreza oculta por una inequitativa distribución de recursos en la unidad doméstica. Asimismo, toda estimación de la pobreza que tome unidades familiares agregadas, puede adelantarse que subestima la pobreza real de las mujeres. Por último, atender a este fenómeno puede ayudar a un mejor diseño de las políticas de lucha contra la pobreza.
La relación, en un nivel agregado, de las mujeres con los recursos económicos puede esbozarse como sigue: las mujeres son las mayores generadoras de recursos económicos. Sin embargo, tienen mayores dificultades de acceso a los recursos –sobretodo, por los menores ingresos monetarios- y, finalmente, tienen una menor capacidad de administración y consumo dentro de los hogares. En conjunto, existe una redistribución neta de recursos desde el colectivo femenino al masculino, insertándose en esta estructura general el fenómeno de feminización de la pobreza. Por tanto, dicho fenómeno no es un hecho aislado o con unas causas explicativas peculiares –aunque también confluyan elementos distintivos-, sino el paroxismo de una estructura socioeconómica que gira en torno a la generación de rentas y la acumulación de capital en vez de atender a la satisfacción de necesidades humanas y la provisión de bienestar; estructura en la que las mujeres tienen encargado el mantenimiento de la reproducción social a costa de su trabajo no remunerado.

Conviene comenzar definiendo el concepto de nueva pobreza o nuevas/os pobres, que hace referencia a aquellas personas que, a pesar de disponer de un empleo o de alguna prestación o subsidio estatal, no poseen recursos suficientes para cubrir sus necesidades. Si tradicionalmente la pobreza se ha asociado a las personas desempleadas o inactivas, cada vez es más frecuente que, a dichos colectivos, se una el caso de quienes viven en la pobreza a pesar de cobrar salarios –no estar paradas ni inactivas- o de haberlos cobrado –es decir, de haber contribuido y tener, por tanto, derecho a prestaciones contributivas. Es un fenómeno novedoso en cuanto a su magnitud, más que al hecho en sí. Dentro de las/os nuevas/os pobres, la mayoría son mujeres y es a esta realidad –creciente y global- a la que se ha denominado feminización de la pobreza, o feminización del empobrecimiento.
En un primer momento, se vio la feminización de la pobreza como consecuencia de la desestructuración familiar, como un fenómeno característico de los hogares monomarentales cuya presencia social vivía un fuerte aumento. Cada vez había más unidades domésticas con la presencia de un solo adulto, la mujer. Dadas las mayores dificultades de las mujeres para lograr un empleo, o estabilidad laboral, o salarios suficientes, es decir, dadas las numerosas discriminaciones de género que vivían las mujeres en el mercado laboral unidas a la falta de ayudas públicas, su capacidad para acceder a recursos económicos suficientes y seguros era mucho menor que la de los hogares encabezados por un hombre. Por tanto, la pobreza sobrevenía con la desestructuración familiar y la traslación de la responsabilidad de “ganar el pan” a la mujer. Esta imagen se alegaba desde dos perspectivas diferentes. Por una parte, una perspectiva feminista que cuestionaba la estructura socio-económica (de los mercados y del funcionamiento de los estados, en su caso, de los estados del bienestar), mostrando la desprotección social de ciertos grupos de personas que no están favorablemente situadas en el mercado. La segunda perspectiva atacaba a la descomposición familiar en sí, culpabilizando a las mujeres. Frente al auge de esta visión, el feminismo evolucionó, sin perder nunca esa primera perspectiva planteada.
Por tanto, frente a esa imagen culpabilizadora de las mujeres, se enfatizó la problemática ya mencionada de la desigual participación en la administración y consumo de recursos dentro del hogar. Esto no significa que no se reconozca que los hogares monomarentales tienen riesgos específicos de caer en la pobreza. Esa posición desfavorable en el mercado de trabajo y esa falta de prestaciones públicas son reales y esta desprotección social se señala especialmente a la hora de pedir ayudas públicas concretas para madres solas. Tampoco se quiere decir que todas las mujeres dependientes de los sueldos de sus compañeros vivan ocultamente en la pobreza. Simplemente, se trata de no culpabilizar a estructuras familiares no convencionales, visibilizando otros fenómenos y trasladando la responsabilidad última a las relaciones de poder en el hogar y al funcionamiento de los mercados y de los sistemas de protección social. Por una parte, se abre la perspectiva de que hay mujeres que, al dejar de depender de los ingresos de un hombre y pasar a obtener ingresos propios, mejoran su situación y la del conjunto de la familia. Es decir, aunque el total de recursos a los que se accede sea menor, su consumo se distribuye mejor y se dedica más directamente a la satisfacción de las necesidades de las personas. Por otra parte, se visibiliza la situación de muchas mujeres que, viviendo en hogares con recursos suficientes, padecen la pobreza. Es ésta otra causa distinta de la pobreza femenina; la inserción desfavorable en las estructuras familiares tradicionales; y se observa un fenómeno diferente, la pobreza oculta de la dependencia.
La inserción desfavorable en las estructuras familiares tradicionales se refiere, en los países occidentales, a las mujeres que viven una división tradicional del trabajo en los hogares, por la cual el hombre se encarga del trabajo asalariado, de traer recursos monetarios al hogar –espacio público-, y la mujer del trabajo doméstico y de cuidados –espacio privado. Esta división, unida a la desvalorización implícita en este modelo familiar del trabajo doméstico, hace que la mujer aparezca como dependiente de los ingresos que aporta el hombre (aunque también el hombre depende del trabajo de la mujer, el imaginario social lleva a ver la dependencia en una dirección única: ella de él, el hogar del mercado). La sensación de dependencia que experimentan las mujeres les provoca tensión y angustia por manejar recursos que no les son propios. Vemos aquí la dimensión de la autoestima dentro de ese concepto amplio de la pobreza. Esa angustia puede evitar que las mujeres tomen decisiones propias, que asuman una posición de fuerza al negociar en la familia, que no se atrevan a decidir contra la voluntad del hombre, o que no hagan un consumo suficiente de los recursos. Además, se refuerza la posición de poder del hombre, empeorando la distribución interna de recursos. A estas dimensiones económica y de autoestima, podemos añadir la del tiempo y el espacio. Las mujeres rara vez disponen de espacios propios. Su espacio “propio” es la familia, elhogar, todo su espacio está, por tanto, socializado –pongamos el ejemplo de la reivindicación de una habitación propia de Virginia Wolf. Lo mismo ocurre con su tiempo; se da una fuerte carencia de tiempo para sí misma, también su tiempo está totalmente socializado. En los hogares seno de relaciones jerárquicas de género, la pobreza expresa claramente su faceta multidimensional, aunque permanece oculta por el imaginario colectivo de las familias como unidades armónicas. Estas relaciones de poder no son hechos aislados al conjunto del funcionamiento social, sino expresiones micro de formas estructurales de subordinación de las mujeres, avaladas por mecanismos jurídicos, sociales y culturales.
Las dificultades para medir la pobreza, en general, son, fundamentalmente, esas componentes multidimensional y subjetiva. Las soluciones son múltiples, sin existir consenso. Bien se proponen índices, bien se mide la pobreza en términos de ingresos monetarios acompañada de otros datos. Quizá la forma más interesante de hablar de pobreza sea dejar hablar a quienes son sus protagonistas mediante encuestas directas. Sin embargo, no dan datos agregados, las famosas cifras. Por eso no las utilizamos aquí.
Dentro de la perspectiva económica ya hemos apuntado las limitaciones de usar como único indicador, indirecto, los ingresos monetarios. Otra alternativa es el uso de indicadores directos que atiendan al consumo efectivo de bienes y servicios básicos como alimentación, vivienda, ocio, equipamiento del hogar.... Sin embargo, la primera es la medición más habitualmente utilizada. Suelen establecerse diversos grados de pobreza: extrema para ingresos menores al 15% de la Rdn (renta de distribución neta); grave, entre 15% y 25% de Rdn; moderada, entre 25% y 35% de Rdn; y precariedad social, entre 35% y 50% de Rdn. Los dos primeros niveles, agregados, conforman la pobreza severa –dificultades de supervivencia-, correspondiendo los restantes a la pobreza relativa –en relación a la sociedad en la que se habita. El umbral del 50% Rdn suele ser el habitualmente establecido en la OCDE como umbral de la pobreza, aunque haya casos en los que varíe. Una vez establecidas las diferentes maneras de medir la pobreza, veamos lo que desvelan sobre la situación específica de las mujeres.
Un problema fundamental de los indicadores indirectos de ingresos monetarios es que suelen utilizar, como ya habíamos adelantado, datos agregados para los hogares. Así, la única forma de estudiar diferencias de género es el dividir a los hogares entre monomarentales y con dos adultas/os (o sólo un hombre con o sin dependientes, pero son los menos), enmarcando los primeros en el colectivo “mujeres” frente a “población general”. Así, el 9,4% de los hogares encabezados por una mujer viven en la pobreza, frente al 8,2% del resto de hogares. Aunque de aquí sí puede concluirse que los hogares de madres solas y de mujeres solas (sobretodo ancianas) sufren más habitualmente y de forma más grave situaciones de pobreza; se está omitiendo la realidad de todas las mujeres que conviven con un hombre en hogares pobres y aquellas que, como mencionábamos en un comienzo, viven situaciones ocultas de pobreza, en hogares con ingresos superiores al umbral de pobreza. Otros informes que llegan a las mismas conclusiones de situar a las mujeres pobres solas o con cargas familiares no compartidas dentro de los colectivos de personas pobres en peor situación relativa son los de Cáritas-FOESSA.
Estos informes también recogen la situación global de pobreza y de desventaja del colectivo gitano e inmigrante. Además, apuntan al factor ocupacional (estar ocupada/o, parada/o o inactiva/o) como determinante en la explicación de las situaciones de pobreza y los diferentes grados de ésta.
Con datos agregados para familias, sí hay informes que analizan cuántas mujeres frente a cuántos hombres, viven en situaciones de pobreza. Un informe sobre la Unión Europea establece que, en todos los países y para todos los grupos de edad, las mujeres tienen siempre un mayor riesgo que los hombres de sufrir pobreza de ingresos. En 1996, el 18% de las mujeres vivían en hogares de bajos ingresos frente al 16% de los hombres. Las mujeres solas tienen mayores porcentajes de pobreza que los hombres solos (25% frente a 19%), pero la diferencia relativa entre hombres y mujeres se incrementa cuando están trabajando (16% frente a 10%).
Hay que señalar que, según este informe, en el estado español, el riesgo de pobreza de mujeres y hombres es el mismo, datos que contrastan con otros que afirman que el riesgo de pobreza grave entre las mujeres es del 9,8% frente al 3,3% de los hombres y el de pobreza extrema o de acumulación del 2,3% y 1,4% respectivamente. Es decir, que una mujer tiene tres veces más de probabilidades que un hombre de hallarse en situación de pobreza grave y el doble de hallarse en pobreza de acumulación. En todo caso, con la excepción del estudio comentado, todos los estudios sobre pobreza de ingreso resaltan el mayor porcentaje de mujeres que la sufren, destacando el caso de hogares monomarentales o de mujeres solas.
Pasemos a atender a otros indicadores compuestos, o sea, que atienden a más variables además de los ingresos. Por ejemplo, los índices de pobreza humana (IPH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo no están desagregados por géneros, por lo que no podemos utilizarlos aquí. Sin embargo, una variante que sí incluye el género y aplicada específicamente al caso español es la de la investigación Desarrollo Humano y Pobreza: un enfoque de género. En ese texto, se calcula un nuevo índice de pobreza humana que recoge esa componente multidimensional y, además, castiga las diferencias de género (IPGH). Así, el IPH general español es del 19,07 creciendo hasta el 19,90 cuando se corrige por géneros. Sin dar esto una medición específica de la pobreza femenina, sí que denuncia que ésta es mayor que la masculina. Además, resalta que esto se debe, fundamentalmente, a la mayor exclusión social vivida por las mujeres y analizada a través de su mayor desempleo a largo plazo y la menor participación en el mercado laboral.
En general, podemos concluir que todos los informes recogen el mayor riesgo de pobreza de las mujeres frente a los hombres, destacando el caso de las mujeres solas –fundamentalmente mayores de 65 años- y las madres solas. Si la relación con el mercado de trabajo es reconocida como determinante en la explicación de la pobreza, también se reconoce para explicar la mayor pobreza general de las mujeres. Además, se destaca la situación de especial riesgo de los colectivos gitano y de inmigrantes. En todo caso, no se logra analizar la situación de las mujeres que viven en hogares con ingresos superiores al umbral de pobreza.

Como ya hemos mencionado, frente a las visiones tradicionales que consideran que en el hogar únicamente se consumen recursos, hemos de contraponer la idea de un hogar generador de recursos. Hablamos de hogar como una simplificación, ya que, más precisamente, habríamos de referirnos a todo tipo de trabajos que se realizan fuera de los cauces del mercado, trabajos no remunerados. Aquí hemos de incluir los trabajos de “subsistencia”: fundamentalmente, agricultura de subsistencia y trabajo no reconocido en diversos negocios familiares. La gran mayoría son realizados por mujeres. La ayuda familiar afecta al 3,16% de las mujeres ocupadas frente al 1,10% de los hombres ocupados. Su espacio de ejecución suele ser la unidad familiar, más o menos amplia. Por este espacio en el que tienen lugar, conllevan problemáticas específicas de control familiar. Por otra parte, se sitúa el trabajo comunitario de toda índole. Mientras que el trabajo comunitario masculino suele dirigirse a actividades políticas (en el sentido más estrecho ¡y masculino! de lo que es política), el de las mujeres suele ir hacia la satisfacción directa de necesidades humanas, tanto si hablamos de comedores populares en países de la periferia, como de cooperativas de cuidados en las zonas industriales deprimidas del Reino Unido o el “voluntariado” del estado español.
Por último, se sitúa el trabajo doméstico y de cuidados que tiene una componente afectiva que lo diferencia de los trabajos realizados por y en el mercado. Todos estos trabajos son mayoritariamente llevados a cabo por mujeres, como lo demuestran estudios de uso del tiempo realizados en los más variados contextos.
Para datos globales, podemos hablar de que las mujeres realizan más de dos tercios del trabajo no remunerado.
Para el caso español, ellas se encargan del 75%. Al no existir un método unitario para contabilizar esta actividad, los datos varían, pero siempre corroboran ese participación femenina mucho mayor.
Por tanto, fuera de los mercados existe, en efecto, una provisión de recursos. Es una provisión fundamental por dos aspectos: por una parte, por su dimensión; por otra, porque se dirige directamente a la satisfacción de necesidades humanas al no estar mediada por ningún objetivo intermedio. La introducción de esta dimensión puede dar un giro crucial a las perspectivas para acabar con la pobreza; frente a los intentos de aumentar los ingresos monetarios, iniciativas ciudadanas que potencien la economía no mercantil o el intercambio de trabajos. Además, introducir esta dimensión es crucial para no colaborar en la desvalorización de los trabajos no remunerados de las mujeres, desvalorización social que es motivo clave de su pobreza. En cuanto a la dimensión, cabe decir, por ejemplo, que las mujeres proveen del 50% de los alimentos consumidos en el mundo mediante la agricultura de subsistencia (en África, este porcentaje llega al 80%); y del 75% de los cuidados de salud. Otra forma de ver los datos sería evaluar este trabajo en empleos que serían necesarios para sustituirlos. Así, en el estado español, las mujeres realizan un trabajo de cuidado de personas mayores equivalente a más de dos millones y medio de empleos; para el caso de cuidados a menores, esta cifra asciende a los casi nueve millones de empleos. Otro dato impactante es el de que el 88% de los cuidados de salud los realizan los hogares (y, de ellos, el 80% las mujeres). O, lo que es lo mismo, que si tan sólo el 10% del trabajo de cuidado a personas enfermas que se realiza en las familias se traspasara a la seguridad social, ésta tendría que aumentar en un 70% su presupuesto.
Por tanto, en el hogar se satisfacen necesidades y, en él, dados los roles de género y la consecuente división de los trabajos por géneros, las principales provisoras son las mujeres. Ellas son las últimas responsables del bienestar familiar. Este papel, junto a la omisión que de la esfera doméstica se hace por parte de los mercados y de los estados (en todo momento, pero con específica gravedad en el caso de las políticas económicas), implica que la esfera de trabajos no remunerados sea el espacio último que acondiciona en todo momento al sistema económico, garantizando (cuando es posible) la reproducción social, por tanto, la supervivencia de la sociedad. En concreto, son las mujeres el elemento que reajusta al conjunto del sistema, el colchón que amortigua todos los cambios en la estructura socioeconómica. Lo cual las sitúa en una situación de particular riesgo, por esa doble presión de la responsabilidad en garantizar el bienestar familiar y la falta de tiempo y recursos para ello.

Comenzando por el trabajo asalariado, hemos de mencionar, primeramente, que es ésta la vía principal –y tendencialmente única- de obtención de ingresos. Por tanto, los sesgos de género que aparecen en el mercado laboral implican una primera y crucial discriminación de las mujeres en el acceso a los recursos -monetarios. La literatura existente sobre la situación de las mujeres en el mercado laboral es amplísima, por eso, en este texto, nos limitaremos a dar una visión panorámica. La existencia de sesgos de género en el mercado de trabajo es un hecho unánimemente reconocido. El problema estriba en situar sus causas. Sin extendernos al respecto, hemos de limitarnos a rechazar las visiones que, desde el feminismo más institucional, asumen problemáticas concretas con soluciones, cuando no sencillas, sí fácilmente identificables. Frente a estas perspectivas, se plantea que las diversas discriminaciones de las mujeres en el mercado de trabajo responden a la estructura misma socioeconómica y familiar: la división de los trabajos por géneros, la no valoración de los trabajos no remunerados y, en última instancia, la organización social en torno a los mercados. Es dicha estructura la responsable última del mayor riesgo de pobreza económica que sufren las mujeres.
La discriminación de las mujeres en el mercado laboral es multidimensional. Hablemos de aquellos fenómenos que afectan directamente a su capacidad de obtención de ingresos. En primer lugar, veamos cuánto, en términos absolutos, trabajan (asalariadamente) las mujeres.
Tasas de actividad: la actividad de las mujeres es aún muy baja. Aunque crece, todavía se sitúa muy por debajo a la de los hombres –en 1993, 34,8% frente a 64,3%; en 2001 40,36% frente a 64,19%. Además, su tasa de actividad está muy condicionada al ciclo vital. Así, por ejemplo, podemos ver cómo varía con el cambio en su estado civil (decrece la actividad al casarse) y, de manera aún más acusada, cuando tienen hijas/os.
Desempleo: el desempleo es un fenómeno mayoritariamente femenino. Siendo cierto que hay otras variables que influyen, en todo sector de la población el género conlleva un mayor paro sea cual sea la otra variable de control establecida –edad, nivel de estudios... Como datos generales, el desempleo femenino es del 18,65%, siendo el masculino de 9.08%.
El desempleo de larga duración también es muy superior para el colectivo femenino (9,5% para las mujeres y 3,5% para los hombres), siendo éste uno de los factores determinantes de la exclusión social y, por tanto, del mayor riesgo de pobreza de las mujeres, como hemos visto previamente, fundamentalmente de pobreza acumulada.
Este desempleo visible se une al desempleo oculto, camuflado de diversas maneras: Por una parte, la inactividad camufla, en numerosas ocasiones, a la población desocupada. Es el fenómeno de las/os trabajadoras/es desanimadas/os. De nuevo, es un fenómeno no exclusivo de las mujeres, pero que les afecta de manera desproporcionada, porque su vinculación con el trabajo doméstico hace socialmente más aceptable su no vinculación (formal) con el mercado laboral. Por otra parte, se sitúa el subempleo, aquellas personas que desearían trabajar más horas, pero que no encuentran dónde. Por la mayor presencia de las mujeres en la contratación a tiempo parcial, como ahora veremos, podemos decir que también el subempleo es una realidad mayoritariamente femenina. El último caso de paro oculto es el de quienes querrían un empleo y lo buscan, pero no están inmediatamente disponibles, en general, porque tienen a su cargo el cuidado de dependientes. También esta situación es mucho más habitual entre las mujeres.
Trabajo a tiempo parcial: aunque en el estado español es una realidad con una presencia muy inferior a la del conjunto de la Unión Europea, la tendencia a ser un modelo fuertemente feminizado sí es común. Así, el 8% de los contratos son a tiempo parcial, correspondiendo el 78,4% a mujeres. Habitualmente se ha dado una imagen de estos contratos como deseados por las mujeres porque les permitía “conciliar” su vida laboral y familiar. Sin embargo, sólo el 3,6% de las empleadas a tiempo parcial lo ha elegido, para el resto es una realidad impuesta por las responsabilidades familiares y porque no se les oferta otra cosa.
Trabajo temporal: es, como la anterior, una modalidad de contratación en expansión. Actualmente representa el 25,4% del total de contratos. En el caso de las mujeres, el 28,8%.
La tasa de actividad, aisladamente, no es una buena medida de la participación de las mujeres en el empleo. Hay quien aboga por atender a la tasa de ocupadas a tiempo completo. Sin embargo, otra posibilidad que da una imagen más completa sería la del cómputo de horas totales trabajadas en el mercado por parte de los colectivos masculinos y femeninos. La media nos da que las mujeres sólo trabajan 1,88 horas en el mercado, mientras que los hombres trabajan (remuneradamente) 4,78 horas al día. A ello hay que añadir los índices de precariedad en el empleo, que generan una falta se seguridad económica a medio y largo plazo, mayor en el caso de las mujeres. Como veíamos anteriormente, la vinculación con el mercado laboral, en general, y el paro (sobretodo el de larga duración), en particular, es un factor decisivo a la hora de explicar los riesgos de pobreza y la gravedad de ésta. Es la vinculación más insegura y débil de las mujeres la que las sitúa en riesgos específicos.
Además del tiempo que, del total de su trabajo, dedican las mujeres al empleo, hemos de ver los salarios que por ello reciben. El total de horas trabajadas en el mercado junto a los salarios a los que son pagadas, nos dará idea de la participación que tienen las mujeres en los ingresos provenientes del empleo y, por tanto, del riesgo que tienen de carecer de recursos monetarios suficientes. En conjunto, uniendo las menores horas trabajadas y los menores salarios, las mujeres perciben menos del 30% de las rentas retribuidas a las personas asalariadas. La capacidad explicativa del hecho de desempeñar un trabajo remunerado o no es muy alta para la determinación de grados de pobreza –severa o moderada-; mientras que el salario obtenido determina la frontera entre la pobreza moderada y la no situación de pobreza. Respecto a los salarios, las discriminaciones que sufren las mujeres son las siguientes:
Segregación horizontal: Por sectores, las mujeres se concentran en el sector servicios (81,3% de las mujeres). Dentro de él, la forma de empleo que, tradicionalmente, más ventajosa ha sido para las mujeres desde el punto de vista de las condiciones laborales y la seguridad es el empleo en el sector público (21% de las mujeres). Sin embargo, con la implantación de políticas neoliberales tendentes a recortar el gasto público, las posibilidades de lograr empleos públicos se recortan –lo cual afecta, de nuevo, de forma desproporcionada a las mujeres. Por ramas de actividad, las mujeres están concentradas en aquellas que guardan alguna relación con su rol en el seno de las familias, es decir, con las que tienen que ver, bien con tareas similares a las domésticas, bien con los cuidados. Estas tareas suelen requerir, en el caso de hacerlo, unas bajas cualificaciones formales. Por tanto, las mujeres se concentran en ramas de actividad con peores remuneraciones.
Segregación vertical: Dentro de una misma rama de actividad, las mujeres se concentran en las ocupaciones inferiores, con peores condiciones laborales y menores salarios. A esto se unen las mayores dificultades de formación y promoción profesional para las mujeres que se deben a diversos motivos: el diseño mismo de las carreras profesionales; las responsabilidades familiares no compartidas; sesgos ideológicos que subyacen al empresariado etc. Por último, podemos hablar de los fatídicos techos de cristal que operan en organismos públicos y privados, haciendo muy dificultosa la llegada de mujeres a las mayores esferas del poder. Las mujeres ocupan el 0,7% de los cargos de alta dirección y el 12,67% de los puestos en administración y gestión. Aunque hablando sobre estos asuntos llegamos directamente a las discusiones sobre las diferencias entre mujeres y lo (in)conveniente de introducirnos en las actuales estructuras de poder.
Finalmente, a las dos previas segregaciones se une el hecho de que, incluso dentro de un mismo puesto de trabajo, las mujeres reciban salarios inferiores a los de los hombres, siendo directamente el género de la persona el que establece la diferencia.
En conjunto, los datos sobre diferencias salariales entre mujeres y hombres, sea cual sea la fuente consultada, son contundentes. En el sector público, el conjunto de salarios femeninos es del 86,3% de los masculinos; mientras que, en el privado, es del 58,8%. Uniendo los dos sectores, vemos que las ganancias medias femeninas son el 75,41% de las masculinas. Otros estudios que toman como fuente los datos fiscales y son, por tanto, más precisos, estiman una diferencia aún mayor, del 72% y en aumento. Sin embargo, cabe aquí hacer una consideración fundamental. El colectivo mujeres no es, en absoluto, homogéneo. Las diferencias entre mujeres son muy altas, mayores que las que se dan entre los hombres y también crecientes. Por tanto, del análisis previo no se desprende el que todas las mujeres corran el riesgo de caer en la pobreza. Sin embargo, sí ocurre que, en una sociedad donde la vía principal de obtención de recursos es el trabajo asalariado, el tener una inserción desfavorable –en número de horas y el salarios- implica un mayor riesgo de pobreza. Así, más del 40% de las mujeres empleadas, en 1998, vivían con salarios inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), que ya de por sí está por debajo del umbral de la pobreza. Además de ellas, con alto riesgo de pobreza están las mujeres desempleadas o inactivas, que no obtienen recursos vía mercado y que dependen, bien del estado –caso que luego veremos-, bien de su compañero u otro vínculo familiar –con los consabidos problemas en la administración y consumo de recursos-, bien de la economía informal, en la que nos centraremos ahora.

En cuanto a la economía sumergida, hay que apuntar, en primer lugar, que, sin ser una actividad marginal en los países del centro, es, al contrario, una actividad fundamental, responsable, en 2000, de una producción similar al 22% del PIB. La mayoría de los trabajos realizados por mujeres que pueden incluirse aquí están a caballo entre el empleo formal y el trabajo doméstico y de cuidados. Comparten con el primero el que son realizados a cambio de una remuneración. Con el segundo, otros elementos como el no establecer una clara división entre los tiempos y espacios de vida y de trabajo; el no proporcionar seguridad económica –no continuidad del empleo, no derecho a prestaciones públicas-; y, en general, el carecer de toda cobertura legal. Las características generales son: menores remuneraciones, mayor precariedad e inseguridad que los empleos formales y no dar derecho a prestaciones. Están en un actual proceso de sofisticación, como es el caso de las/os teletrabajadoras/os. En ningún caso se observa una disminución de su importancia relativa. Es más, en momentos de crisis económica, cuando se dificulta la provisión de ingresos por vías legales, aumenta su peso. Las cifras no son fáciles de obtener por razones obvias. Frente a estudios que estiman que hay una presencia mayoritaria de mujeres -dos de cada tres personas trabajando en la economía sumergida son mujeres; el 36% de mujeres trabajan en ella en contraposición al 16% de los hombres- otros dibujan al prototipo de trabajador informal como joven y varón. El problema fundamental puede situarse en lo que se contabiliza como empleo informal y la forma en que se mide. Otros concluyen que aunque las mujeres participan algo menos en el empleo informal que los hombres, cuando lo hacen es más probable que se trate de las formas más explotadas y peor pagadas, mientras que los hombres se introducen en las modalidades más autónomas y mejor pagadas. Veamos diversas tareas que hemos incluido en este concepto de economía sumergida o informal.
El sector agrícola adopta estrategias de organización cada vez menos compatibles con el empleo formal. A pesar de estar actualmente dominado por hombres inmigrantes, el número de mujeres inmigrantes que acuden a emplearse está en constante aumento. En lo referente a la industria, el empleo informal femenino se relaciona con la deslocalización de la producción y abarca sectores como la confección y el editorial, dándose un traslado de costes a los hogares y una gestión individualizada de riesgos.
El empleo informal en el sector terciario está en aumento y es donde las diferencias son mayores entre puestos de alta cualificación relativamente bien remunerados y otros poco especializados y mal remunerados, en los que las mujeres están sobrerrepresentadas. Ejemplo paradigmático es el trabajo doméstico y de cuidados por cuenta ajena, formalmente reconocido como servicio del hogar familiar, realizado, en un 97%, por mujeres. El régimen de Seguridad Social de estos trabajos se acerca más al régimen de autónomo que al de asalariado. Así, no es aplicable a la mayor parte de los casos y resulta gravoso para la mujer empleada, por lo que resulta un claro incentivo para la irregularidad. Es, por tanto, uno de los casos más claros de cómo la legislación refuerza o crea patrones de discriminación. En efecto, podemos poner como ejemplo el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, donde el 70% de las trabajadoras domésticas por cuenta ajena no están afiliadass a la Seguridad Social. Y, del conjunto de trabajadoras afiliadas o no, el 80% cobran salarios inferiores al SMI por jornadas superiores a ocho horas. El vínculo de estos trabajos con la pobreza es claro y la situación se agrava para el caso de las mujeres inmigrantes.
Por último, otro paradigmático caso de economía informal es el de las trabajadoras del sexo. En este caso, el problema fundamental no son las remuneraciones, sino otro tipo de problemáticas sociales que sufren las mujeres (casos de drogodependencias y, sobretodo, la negación de papeles a las mujeres inmigrantes); las condiciones laborales, derivadas de la negativa a legalizar estos trabajos y, por tanto, regularlos y garantizar una serie de condiciones laborales; y la estigmatización social –lo cual puede generar otro tipo de pobreza, no económica.
En conjunto, vemos cómo las mujeres tienen una participación importante en el trabajo remunerado, pero en condiciones muy inferiores: todo tipo de discriminaciones en el mercado de trabajo y presencia mayoritaria –y en los escalones más bajos- del sector informal. Siendo el trabajo remunerado la vía fundamental para lograr recursos monetarios, el mayor riesgo de las mujeres de caer en la pobreza, la mayor dificultad de salir de ella, y la mayor severidad con que les afecte son obvios; debido a la mayor dificultad de obtener un empleo y la menor seguridad económica a medio y largo plazo, desigualdades que se reproducen, como a continuación veremos, a la hora de obtener prestaciones públicas.

El estado juega un papel subsidiario al mercado en la provisión de recursos. Sólo aparece sustituyendo a quienes se considera que tienen la responsabilidad primera de asegurarse los ingresos: la persona misma a través de su empleo, o quienes comparten con ella vínculos familiares. Es decir, la responsabilidad en la reproducción social recae en la unidad doméstica, por lo que no es compartida por el conjunto de la sociedad más que en el caso extremo de que la familia falle en su labor. Podemos entrever ya aquí las dificultades específicas a las que se enfrentan las mujeres. Si obtener seguridad económica a través del empleo les es mucho más complejo, pasan a depender de la familia –mayoritariamente, el esposo- apareciendo los problemas al principio comentados de pobreza oculta de la dependencia; o, si no, a depender del estado.
Hay diversos tipos de derechos que dan lugar a diferentes tipos de prestaciones públicas. Los derechos pueden ser directos o derivados. Los directos son aquellos que adquieren las personas por motivos propios, en base a su titularidad propia. Los segundos, se adquieren por tener una determinada relación de parentesco con alguien que es titular de derechos directos. Entre los primeros, los hay de tres tipos: universales, contributivos y no contributivos o asistenciales. Los segundos pueden ser, asimismo, contributivos y no contributivos. Derechos universales son los adquiridos por la propia condición de ciudadanía; los contributivos, por haber cotizado previamente; los no contributivos son aquellos que se obtienen sin previas contribuciones. Pueden establecerse líneas claras en la extensión y calidad de las prestaciones: las directas son mayores –cualitativa y cuantitativamente- que las derivadas; así como lo son las contributivas que las no contributivas.
Entre los derechos universales, destacan el derecho a la salud y a la educación. Los problemas, a este respecto, devienen con la población inmigrante no regularizada. Ya hemos señalado el particular riesgo de pobreza de este colectivo que está causado, entre otros motivos, por no disponer de esta serie de servicios o las dificultades de acceso. Fuera de este colectivo, también podría cuestionarse esa idea de acceso universal e igual para todas las personas, cuando el entramado es más complejo e implica diferencias en la práctica (diferencias por nivel socioeconómico en la llegada a los niveles superiores de formación, diferencias entre las enseñanzas pública y privada, calidades distintas de los centros de salud etc.), entre las que cabría mencionar las diferencias por género. Muchas prestaciones universales no lo son en sentido estricto. Sin embargo –hablando del colectivo de ciudadanas/os españolas/es o residentes regularizadas/os- dichas diferencias no demarcan un claro límite de pobreza –aunque sí de nivel total de bienestar.
Cuando las mujeres son titulares de derechos directos contributivos, la cuantía y duración de éstos suele ser menor que la de los de los hombres, ya que reflejan las discriminaciones existentes en el mercado laboral. Además, las mujeres son la mayoría de titulares de derechos derivados. Esto se debe al reparto de trabajos en las familias, por los cuales las mujeres, en numerosas ocasiones, se encargan de los trabajos domésticos y de cuidados. El concepto de contribución actual no reconoce estos trabajos (lo cual supone una implícita concepción de este trabajo como no-trabajo), no cotiza por ellos y, por tanto, no generan derechos a prestaciones contributivas. Simultáneamente, los compañeros/maridos se encargan del trabajo asalariado, dando lugar a derechos contributivos para sí y derivados, en su caso, para sus “dependientes”. Por tanto, muchas mujeres dependen de sus esposos bien vía mercado laboral, bien vía prestaciones públicas. En el siguiente cuadro pueden verse las diferencias por género en las prestaciones contributivas. Todas las femeninas se sitúan por debajo del umbral de pobreza.
Las prestaciones no contributivas son aquellas que, en defecto de prestaciones contributivas, se establecen como una forma de garantizar unos ingresos mínimos, es decir, que su objetivo fundamental es la lucha contra la pobreza. Las mujeres reciben el 74% de estas pensiones. Para ver sus aspectos de género hemos de diferenciar dos colectivos de mujeres. En primer lugar, aquellas menores de 65 años, quienes se encuentran todavía dentro del “ciclo productivo”, sufren tres problemas cruciales: no se da una aplicación del principio de discriminación inversa que responda al fenómeno del mayor grado de pobreza y la mayor severidad de la pobreza que afecta a las mujeres; en todos los diversos casos –diferentes prestaciones, por tipos, autonomías...- se sitúan bajo el umbral de la pobreza; y el grado de cobertura es muy deficiente, por debajo de la población necesitada y por un horizonte temporal limitado. Además, muchos de estos derechos no son individuales, sino que se otorgan al conjunto de la familia, asumiendo que, en su seno, existe un reparto equitativo de los recursos. En el caso de hogares con dos adultas/os, el titular de los derechos suele ser, normalmente, el varón, al mantenerse el imaginario del hombre como cabeza de familia y responsable de los ingresos económicos. Por otra parte, para el caso de los hogares monomarentales, hay que apuntar que no existe ninguna ayuda específica –contrariamente a lo que ocurre en numerosos países europeos-, que las dificultades laborales son muy grandes y que, con mucha frecuencia, estas mujeres son titulares de derechos no contributivos, frente al caso de no existir casi ningún hogar monoparental.
En segundo lugar, se sitúan las mujeres mayores de 65 años, colectivo en especial riesgo de sufrir pobreza. Fuera ya de la “etapa productiva”, no pueden obtener ingresos vía empleo. Muchas de ellas no han tenido trabajos remunerados, por lo que tienen derechos derivados o no contributivos. Cuando tienen derechos contributivos, suelen ser míseros. A la par, siguen trabajando muchas de ellas, pues el trabajo doméstico y de cuidados siguen siendo necesario realizarlo. Así, cuando no dependen de la pensión de su marido, se encuentran en alguna de las situaciones siguientes: Recibiendo un Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, para aquellas mujeres que cotizaron al menos cinco años antes de 1967 -la cuantía recibida es inferior al umbral de la pobreza. Recibiendo una pensión de viudedad, que es el 50% de la pensión de su marido, y cuya media, a pesar de las grandes diferencias, es inferior, de nuevo, al umbral de la pobreza. Por último, pueden recibir una pensión no contributiva, también inferior a dicho umbral. En todos los casos, su situación conlleva una pobreza grave de acumulación. Una falsa idea de dignidad suele llevar a estas mujeres a ocultar su situación real a sus familiares, por lo que las cifras de pobreza entre mujeres mayores subestiman en gran medida la realidad.
En conjunto, nos encontramos frente a un sistema de protección social que se organiza en torno al empleo, aún sabiendo que el mercado laboral es, de por sí, reflejo de inequidades sociales; que no reconoce la aportación que suponen los trabajos no remunerados, haciéndolos invisibles para la sociedad; que no tiene un verdadero sentido de la responsabilidad en la reproducción de la sociedad, sino un papel meramente subsidiario. En este contexto, las personas con dificultades para insertarse en el mercado laboral por algún motivo –estar fuera de la edad “productiva”, incapacidad física, tener otras tareas a cargo...- se encuentran en una situación de especial riesgo de pobreza. Dependen de sus relaciones familiares, en muchos casos opresivas o insuficientes –insuficientes recursos para el conjunto del hogar-; o del estado. Depender del estado, ser titular de derechos no contributivos, supone un importante control por parte del ente público sobre el conjunto de la vida: todo tipo de actividades, de relaciones personales, control último de los ingresos... Para el caso de las mujeres, este control estatal, esta injerencia en sus vidas, ha sido duramente criticado y ha llegado a ser visto como una nueva estructura opresiva que, en algunos casos, sustituiría a la opresión familiar. Se llega a hablar de este aumento de la fiscalización por parte del estado como de uno de los rasgos que caracterizan un actual proceso de paso de un patriarcado privado a un patriarcado público.

En conjunto, con este texto hemos intentado romper con diversos estereotipos. Primeramente, la visión de la pobreza como simple falta de recursos económicos. La pobreza en sí es un fenómeno multidimensional mucho más amplio que la carencia de recursos económicos, incluyéndose otros aspectos, muchos de ellos, de componente inmaterial y afectiva. Pero, además, los recursos económicos son algo más amplio que los recursos monetarios. Es más, los recursos monetarios en sí no significan nada, pues no cubren las necesidades hasta que no pasan por el intercambio en el mercado. Esta intermediación de los mercados es un vínculo crucial al analizar la organización social. Existen otras formas de generación de recursos económicos que implican trabajos no remunerados, fundamentalmente, trabajos domésticos y de cuidados. Pero, incluso en el caso de situarnos ante la perspectiva de la obtención de recursos económicos en sentido amplio, el estudio debe avanzar y pasar a ver el cómo se administran y distribuyen, para poder atender al acceso individual de las personas y, concretamente, de las mujeres. Otra perspectiva que se ha intentado introducir es la de que no sólo viven en la pobreza quienes no tienen empleo, sino que puede darse una inserción en las estructuras laborales formales –o haberse dado, si hablamos de prestaciones públicas-, pero que esto no genere ingresos suficientes.
En todas las fases del acceso a recursos: obtención familiar –en el empleo formal o informal, gracias al estado o al hogar-; administración y consumo final, las mujeres se encuentran desfavorecidas. Ellas son las generadoras más importantes, pero quienes menos disfrutan de los recursos producidos en una sociedad.
La feminización de la pobreza va mucho más allá de la problemática específica de los hogares monomarentales o de mujeres solas. Pone al descubierto una organización social en torno a los mercados, donde la preocupación primera es la generación de rentas y no la satisfacción de necesidades humanas. Organización que implica un grave riesgo para las personas que no están favorablemente situadas en el mercado; que descarga la responsabilidad de la reproducción social en los hogares –sustrayéndosela al conjunto social y a los organismos públicos-; que no da cobertura pública a quienes trabajan en actividades que se han invisibilizado. Organización que no es ajena al reparto social de trabajos entre géneros, sino que participa y se nutre de la desvalorización de los trabajos no remunerados de las mujeres. Organización donde el reparto social del poder concuerda con el reparto intrafamiliar, que da lugar también a situaciones de pobreza femenina oculta.
La solución a la pobreza no puede provenir, por tanto, de mejorar la inserción de determinados colectivos –entre ellos, las mujeres- en el mercado laboral, sino de un cambio profundo de las estructuras básicas de funcionamiento del actual sistema socioeconómico, entre las que están integradas las relaciones de poder patriarcales.