Saca plaza pero no aprueba

Niegan la condición de aprobado a una opositora que sacó plaza de celadora

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja ha desestimado el recurso planteado por una joven que consiguió una de las diez plazas de celador en la convocatoria promovida en noviembre de 2005 por la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Salud. Dicha convocatoria fue anulada a instancias del Gobierno regional en julio de 2006, después de que la Fiscalía del TSJR emitiera un decreto en el que constata «una alteración ilícita» en el desarrollo del proceso de las oposiciones, que benefició a los diez opositores que obtuvieron puntuación más alta, muchos de ellos relacionados con cargos políticos, según la denuncia formulada en su día por varias fuerzas sindicales.La sentencia emitida por el tribunal del TSJR rechaza el reconocimiento de la condición de aprobado que pretende la actora, así como el restablecimiento de la eficacia de la relación definitiva de aprobados de las pruebas selectivas de acceso a la categoría de celadores, de 30 de mayo de 2006.Alega en esencia la demandante que su nombre figuró en la relación definitiva de aprobados de 30 de mayo; que la resolución del Ejecutivo para anular aquella convocatoria se dictó sin observar el procedimiento legalmente establecido y que, además, no existen pruebas de que ella hubiera cometido una irregularidad que invalide su aprobado.A este respecto, el TSJR señala en su sentencia que es un hecho de sobra conocido que en el proceso selectivo se produjeron irregularidades invalidantes. De hecho no se respetaron todas las garantías para preservar los principios de mérito y capacidad, así como el acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, pues consta que «el contenido del examen pudo ser conocido y fue conocido por algunos opositores aprobados, con anterioridad al momento en que debía celebrarse». Ello produjo una alteración ilícita en el desarrollo de las oposiciones, que benefició a los opositores que sacaron la puntuación más alta, «con evidente perjuicio antijurídico para los demás que se presentaron al examen».La Sala de lo Contencioso considera «razonable y suficientemente motivada» la decisión que adoptó el Ejecutivo al anular la prueba, pues aunque no consta la autoría de la filtración del examen o de la alteración fraudulenta de sus resultados, no por ello han dejado de producirse vicios en el procedimiento selectivo en perjuicio de la mayoría de los opositores, que -concluye- «han determinado la adopción de la medida dispuesta como la menos perjudicial para el interés público y la generalidad de los participantes en las oposiciones».

Vía: El Correo Digital ; blogalaxia, tags: celadores

Denuncian posible fraude en unas oposiciones de la Junta

El presidente del Sindicato andaluz de funcionarios de la Junta de Andalucía, Juan Romero Campos, denunció ante la Inspección General de Servicios que un miembro del Tribunal de Oposiciones para el cuerpo de Administradores Generales A11, -ofertas de empleo público en la Administración General de la Junta de Andalucía en los años 2003 y 2005-, que responde a las iniciales E. R. M. , es un preparador de aspirantes al cuerpo.
En dicha denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el sindicato señaló que más de 100 opositores de estas convocatorias, -aún no resueltas-, les hicieron llegar esta queja, manifestando la «inseguridad jurídica» y la «desconfianza» en la actuación de todos y cada uno de los Tribunales de Oposiciones en los que este funcionario del Servicio de Protección de Menores de Granada había formado parte, sin haberse abstenido de ello por «incompatibilidad».
Público y notorio
Así, en opinión del sindicato, no existe impedimento a su función para preparar opositores, aunque sí es «ilegal e inmoral» que consienta personalmente pertencer a la Comisión o Tribunal de Oposiciones, a sabiendas de su incompatibilidad por haber preparado a aspirantes, «lo cual es público y notorio, al parecer en la ciudad y entre el funcionariado de Granada», según precisó Romero.
Igualmente, el sindicato resaltó en la denuncia tener la seguridad de que el interesado «ni lo va a reconocer ni lo va a declarar, mucho menos cuando de dicha declaración pudieran derivarse obligaciones administrativas, que le obligarían a solicitar la compatibilidad para la actividad, y además, la obligación fiscal de tributar en el correspondiente Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas».
Posibles recomendados
En cuanto a la influencia del interesado en los miembros de Tribunal, el presidente de este sindicato, señaló que «siempre existe el temor razonable a la recomendación en favor de quienes el interesado prepara», lo que, según dijo, ha motivado a este organismo a poner en conocimiento de la Institución u órgano público los hechos relatados, «que deberán conllevar la nulidad de lo actuado por los tribunales de oposiciones en los que haya formado parte este sujeto». Por todo ello, el sindicato andaluz de funcionarios pidió a la Junta de Andalucía que realice la instrucción del oportuno expediente.

Vía: ABC; blogalaxia,tags: fraude oposiciones

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