En un mundo de plena protección a los derechos humanos, existen seres que, puntual, transitoria, o definitivamente carecen de ellos: los menores ante el acoso -directo o indirecto- de algunos medios de comunicación; las meretrices; ciertos concebidos y no nacidos; determinados inmigrantes, y, después de un posiblemente largo etcétera, los opositores.
Me referiré a la oposición que por experiencia conozco, la de Registrador de la Propiedad, aunque lo que diga sea aplicable a la mayoría de ellas, en particular, las de carácter jurídico. Y sirva este artículo, al mismo tiempo, de homenaje y reconocimiento, a aquéllos que por diversas circunstancias no consiguieron el fin pretendido, ya que, si no en el resultado, sí en el esfuerzo, todos hemos sido iguales.
Al terminar la carrera de Derecho, se tienen los cimientos básicos de una formación científica sobre los que cada uno ha de construir su pleno carácter de jurista, sea por el ejercicio de la profesión, a través de cursos especializados, o por medio de las oposiciones.
La vida del opositor es muy sencilla: 8 horas (mínimo) de estudio diario, un día (normalmente) de clase a la semana, un día de descanso; y nada más. Es como el cansino y monótono bogar de los galeotes, con la diferencia de poder librarse del remo en una exposición de 60 minutos un día determinado de un año ignorado. Mientras tanto, uno es lo que los antiguos denominaban «a-prosopos» (no persona).
El opositor tiene el deber de estudiar, que ha asumido voluntariamente, pero ahí empieza y termina su estatus jurídico. La preparación de la oposición es total y absolutamente teórica, con un memorismo excesivo, que puede marcar definitivamente el intelecto. La memoria es un auxiliar de la inteligencia, y si se la convierte en protagonista, puede limitar u oscurecer a ésta. Y de ahí, que personas de gran capacidad intelectual no hayan obtenido el éxito que se merecían por su aptitud, por tener una dicción o retentiva defectuosa (parafraseando el conocido dicho «no sé, ahora mismo, si son todos los que están, pero sí que no están todos los que son»).
Y esto sea señalado, con todo el respeto a los preparadores, cuyo esfuerzo es impagable y que, en definitiva, siguen las pautas que a ellos les marcaron y siguen marcando los examinadores.
Al llegar el momento crucial del examen, es cuando esa ausencia de protección es más ostensible (La referencia en la legislación a posibilidad de impugnación administrativa o judicial no tiene prácticamente utilidad). Citaré, a modo de ejemplo estos casos: Durante bastante tiempo, el texto escrito sobre el que estudiaban los opositores se encontraba abierto ante cada uno de los miembros del tribunal, con la presión añadida para aquéllos de saber que cualquier error u omisión que tuvieran iba a ser captado inmediatamente por la mesa examinadora, lo cual podía producir una especie de afasia momentánea, con la consiguiente retirada del alumno. En otras ocasiones el tribunal ha alterado, sin previo aviso, el número de convocados de un día para otro, con claro perjuicio para éstos, y en especial, para los que viviesen fuera del lugar de celebración de las oposiciones, con vulneración del principio de un mínimo respeto al examinando, ya que es el tribunal el que tiene que estar al servicio del opositor y no el opositor al servicio del tribunal. Pero el supuesto más sangrante lo constituyó la determinación de un Decano del Colegio que, en plenas oposiciones, acordó el cierre de las academias, so pretexto de «ordenes superiores» para acabar con el pretendido absentismo de los Registradores, sintetizándolo en los preparadores, en la decisión más irresponsable y desacertada que jamás se haya dado en la historia del Cuerpo.
Ante este estado de cosas, los alumnos, por razones obvias, no pueden hacer nada; los padres de los alumnos y los preparadores temen que los intentos que realicen perjudiquen a éstos; y el Colegio, el gran responsable, vive su sempiterno sueño de indolencia e inacción. Y ya que me he referido a los padres de los opositores, he de señalar que la preparación de la oposición afecta a toda la familia: Durante 7 años aproximadamente (esta es la media actual), los familiares del opositor han de ayudar, animar, y, ¿por qué no?, soportar a una persona que vive una situación estresante (tiene que memorizar unas 7.000 páginas), muy incómoda (no tiene ingresos propios a una edad clave), y con un final incierto.
Y no sólo eso, sino que la oposición exige gastos (libros, preparación, desplazamientos, etcétera...), que han de sufragarse por las familias sin que exista ni colegial, ni pública, ni privadamente una política de becas minimamente aceptable.
En este punto de la implicación familiar, citaré la inevitable anécdota de la que fuí sujeto activo. Al examinarme por primera vez, todo el elenco familiar y su entorno puso 1 vela (bueno 1 no, unas 30) a Santa Gema. La santa italiana debía tener informes erróneos sobre un posible pasado mío depravado, y de 8 temas que llevaba «en blanco», claro, cayó uno. En la siguiente convocatoria ya iba preparado y las velas se las puse a San Fulgencio de Ruspe, santo, por desconocido, ansioso de otorgar favores. La estrategia funciono, y aprobé. ¡El tráfico de influencias llega a las alturas!)
Y no quiero quedarme en un mero planteamiento de queja, sino que, tratando de dar soluciones, creo que pudieran tenerse en cuenta las siguiente ideas: 1º Grabar los exámenes (el tribunal, a veces, no tiene certeza de lo que, puntualmente, ha dicho o dejado de decir el alumno). 2º Fijar, de antemano, al inicio de la oposición, el día del examen para cada alumno, con una oscilación razonable (no más de una semana), según el número que le haya correspondido en el sorteo. 3º Regular la indisposición transitoria del alumno (personalmente una simple afonía pudo dejarme fuera de la oposición) de cara a un posible aplazamiento. 4º Preparar los libros de texto adecuados para que los opositores puedan estudiar por ellos, desterrando los temas «prefabricados» que, salvo excepciones, constituyen la mejor vía de deformación jurídica del opositor. 5º Designar una persona u órgano que defienda a los opositores, durante la celebración de los exámenes, en casos como los dicho y otros análogos, sin merma de la independencia y soberanía de tribunal, cuya imparcialidad ha sido y es proverbial. 6º Disminuir la radicalización memorística de la oposición, tanto en la preparación como en el examen, poniendo el punto de mira en la enseñanza del alumno para aplicar las normas jurídicas relacionándolas entre sí; es decir, yendo a lo que se denomina interpretación sistemática, frente a la puramente literal, que acabaría convirtiéndoles en ordenadores humanos, con posible sustitución por estos. 7º Un ponderado y justo sistema de becas. 8º Y sobre todo, y ante todo, establecer una normativa sobre la preparación de los opositores (sea en academias o individual), de modo que quienes no lleguen a superarlas obtengan, cumplidos los requisitos que se señalen, un título oficial de estudios a modo de máster o con valor académico equivalente.
Finalmente, que nadie vea en estas líneas un ataque al sistema de oposiciones, sino todo lo contrario: Se trata de perfeccionarlo para hacerlo más justo y eficaz, no de destruirlo. Cualquier medio alternativo que se utilizase para formar a los futuros Profesionales Oficiales, estaría expuesto a un subjetivismo (valga el eufemismo) preocupante, y resultaría contrario a la preparación individual de cada alumno, básica y esencial en el sistema actual, tan consolidado a lo largo del tiempo.
El guante (no de reto, sino de denuncia) está echado. Que lo recoja quien deba.
Vía: ABC
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